NISGUA is writing to ask you to support communities in San Marcos, Guatemala in their struggle against mining transnational Goldcorp Inc. and its open-pit gold mine, "Marlin." Local leaders and activists have recently been targeted for threats, intimidations, and most recently arrest warrants issued upon request of the company against eight local women.

In various regions of Guatemala conflicts have arisen in communities due to the imposition of "mega-development  projects" by national and transnational companies. In many of these communities, community referendums have been organized and have clearly rejected mining and hydroelectric dam projects on their lands. These "consultas" have been consistently ignored  by both the government and the companies involved, leading to high levels of tension in communities. The response of the government to one of these escalating situations has been to act in defense of private interest and declare martial law, leading to arbitrary arrests and high levels of militarization. 

Recently, NISGUA staff has accompanied delegations that were able to visit the Marlin mine, meet with families directly affected by it, and speak with community leaders that are leading the local resistance to the mine. Sadly, many of the people groups have met with are currently facing threats and fear martial law in their communities- an act that would serve to intimidate community members and dissuade them from organizing their proposed community referendum. It is important to act in solidarity with them at this time.

Please take a moment to read and consider signing on to the letter below (includes more detail about the situation). We are looking for organizational sign-ons, so if you are able to speak to your respective organizations and let us know by September 15th, we would greatly appreciate it. 

Please send an email to enlace@nisgua.org with the following:
Organization's name
Country and state in which it is located
Contact name, email address, and phone number.

Thanks and be well,
NISGUA

 

 

Casa Presidencial 

6a. Avenida 4-18, zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Las organizaciones firmantes de esta carta, manifestamos nuestra preocupacion por la situacion de los derechos humanos y por la conflictividad en el departamento de San Marcos, Guatemala.  En relacion con estos asuntos,

1. Que el departamento de San Marcos vive una situacion de alta conflictividad desde la llegada de Montana Exploradora, SA., subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc. Mientras la empresa defiende y justifica su presencia en ambitos de alto nivel, una parte de la poblacion de San Miguel Ixtahuacan se declara afectada por la presencia de la minera y manifiesta su inconformidad por no haber sido previamente informada y debidamente consultada por las autoridades estatales, desde el momento mismo en que se autorizaron la prospeccion y exploraciones iniciales de la mina Marlin. 

2. Que las amenazas e intimidaciones en contra de lideres comunitarios, vecinos, y defensoras y defensores de derechos humanos en los municipios de San Marcos han sido constantes desde 2004 y han aumentado a partir del 30 de abril 2008, fecha en la que representantes comunitarios de San Miguel Ixtahuacan anunciaron al alcalde municipal sus intenciones de organizar una consulta comunitaria en el municipio, a la cual tienen derecho de realizar libremente y sin intimidacion segun el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), del que el Estado guatemalteco es parte. 

Nos preocupan, en particular, los ataques sufridos en julio y agosto en contra de miembros de la organizacion ADISMI (Asociacion de Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacan) y lideres de la municipalidad de Sipakapa; ataques que, en varias ocasiones fueron protagonizados por trabajadores de la mina o grupos en relacion con la empresa que la esta explotando.  

3. Que el 20 de junio de 2008, el Juzgado de Primer Instancia Penal de San Marcos emitio ordenes de captura en contra de ocho mujeres con base en  una denuncia interpuesta por Montana Exploradora S.A. por "usurpacion agravada". La denuncia responde a la oposicion de las personas afectadas a la instalacion y permanencia de postes para el tendido electrico en el area de sus viviendas; acciones que fueron realizadas amparados en documentos que no recogen lo conversado con los vecinos, aprovechando el analfabetismo y desinformacion de muchas de ellos, lo cual se constituye en la manipulacion de su consentimiento libre.

La estrategia de criminalizacion para resolver los conflictos sigue el mismo patron que se ha implementado en 2007, cuando la misma empresa Montana Exploradora interpuso una denuncia en contra de 7 lideres despues un conflicto originado por la negacion de la empresa en negociar varias peticiones presentadas por la poblacion. En el juicio llevado posteriormente cinco de los siete acusados fueron absueltos, demostrandose con ello la falsedad de las acusaciones y la utilizacion del sistema de administracion de justicia. Ademas del desgaste economico y psicologico sufrido por estar sujeto a un proceso penal por mas de un ano.   

4. Que los dias del 27 y 28 de julio de 2008 Goldcorp Inc. y Montana Exploradora S.A. publicaron un campo pagado en varios medios de comunicacion  denunciando supuestas agresiones sufridas por sus empleados desde principios del ano 2008 y sabotaje a la propiedad de la empresa. Esta publicacion se hizo al mismo tiempo que tenia lugar una mediacion de la PDH de San Marcos entre la empresa y las organizaciones comunitarias; lo que pone en duda la disposicion de la empresa a dialogar y contribuir a evitar el incremento de las tensiones y la conflictividad en el area. 

5. Que se esta implementando un clima de criminalizacion, con la complicidad del sistema de justicia, de aquellos que no estan de acuerdo con la presencia de la empresa minera y el cierre de los canales democraticos para que expresen sus desacuerdos. 

Recordamos que en San Juan Sacatepequez, 12 comunidades kaqchikeles llevan mas de dos anos resistiendose a la instalacion de una fabrica de Cementos Progreso en su territorio, con intereses de la empresa suiza Holcim. El 13 de mayo 2007  se realizo una consulta comunitaria con el resultado de 8.994 votos en contra del proyecto y cuatro votos a favor. A pesar del resultado claro de la consulta comunitaria, la imposicion del proyecto sigue, generando mas conflictos dentro de la poblacion. La respuesta del Estado fue declarar un estado de prevencion el 22 de junio de 2008, que dio como resultado la detencion de 43 personas.  La poblacion ha sufrido intimidaciones y sus comunidades siguen militarizadas. 

Asimismo vemos con mucha preocupacion la posibilidad de que se decrete un estado de prevencion en San Marcos, que tendria por objetivo de militarizar la zona, atemorizar a la poblacion para favorecer la empresa y entorpecer todas las iniciativas a favor de las poblaciones afectadas por la presencia de Montana Exploradora S.A.  Un escenario de medidas represivas, en tales condiciones, no contribuiria, en absoluto, a rescatar el fragil tejido social comunitario, que aun no sana de las graves heridas que dejo el conflicto armado interno en Guatemala.  

6. Que en los ultimos anos Guatemala ha visto la entrada de empresas transnacionales y el desarrollo de mega proyectos industriales a gran escala, incluyendo los proyectos de represas hidroelectricas y mas de 400 licencias de reconocimiento, exploracion y explotacion minera. Sin embargo, las licencias se han dado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. El derecho de los pueblos indigenas de ser consultados se garantiza en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional de Trabajo, lo cual ratifico Guatemala en el ano 1996,  en la Declaracion de Derechos de los Pueblos Indigenas de las Naciones Unidas y en la ley de Codigo Municipal plasmada en la constitucion de la Republica de Guatemala. En el caso de la mina Marlin de San Marcos y de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepequez, entre otros, las operaciones industriales han seguido, a pesar del rechazo claro de varias comunidades. Consideramos que los conflictos se dan a raiz de esta imposicion por parte de las empresas.

Expresamos nuestra preocupacion por la situacion actual de conflictividad en  el departamento de San Marcos y por la amenaza del uso de medidas represivas en contra de la poblacion.  Quedamos a la espera de que se agilice una politica de seguridad democratica verdadera a partir del Ministerio de Gobernacion.

Reconocemos que, con base en el Convenio 169 de la OIT, Guatemala ha reconocido que los pueblos indigenas tienen el derecho de exigir informacion,  realizar consultas comunitarias y expresar su rechazo a proyectos que amenacen sus territorios, sin miedo de represalias.

Denunciamos la falta de respeto al derecho de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indigenas frente a los mega proyectos; asi como las argucias y enganos intencionales y premeditados que estan teniendo lugar, aprovechando las relaciones desiguales de poder de las empresas frente a las comunidades.  

Que el gobierno guatemalteco cumpla con su responsabilidad de proteccion de los ciudadanos del pais y sus comunidades, y que no impulse proyectos que agudizan la conflictividad social.  

Que no se repriman las comunidades que estan reclamando el derecho de ser consultadas sobre mega proyectos en sus territorios; asi como el derecho de denunciar publica y pacificamente situaciones que les afectan.  

Que se garantice la seguridad de quienes defienden los derechos humanos, y que se investiguen de una forma inmediata y efectiva  los ataques en su contra. 

Al estado y sus instituciones, especialmente a su sistema de administracion de justicia,  la aplicacion igual del derecho en las acusaciones formuladas en contra de GREGORIA CRISANTA PEREZ BAMACA, CRISANTA HERNANDEZ PEREZ, PATROCINIA MATERO MEJIA, CATALINA PEREZ HERNANDEZ, OLGA BAMACA GONZALEZ, MARIA DIAZ, CRISANTA YOC Y MARTA PEREZ y que se busque una  solucion a este conflicto que tome en cuenta la situacion en la cual se encuentran las personas afectadas por la actividad minera.

Que cumplan con la obligacion de aplicar el Convenio 169 de la Organizacion Internacional de Trabajo que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indigenas y que el gobierno asuma su responsabilidad en el proceso de consultar a los pueblos afectados. Que respeten como vinculantes las 30 consultas comunitarias que se han realizado en varios municipios del pais.

Que pare la criminalizacion de protesta y de los pueblos indigenas con respecto a su rechazo a los mega proyectos de mineria y represas hidroelectricas. 

En este momento significativo llamamos a todas las instituciones de la Republica de Guatemala a cumplir con el compromiso de su mandato y proteger el bienestar y los derechos de los pueblos de Guatemala.

Gracias.